La Ley 9.526 fue aprobada en septiembre de 2008 por unanimidad en la legislatura cordobesa. La norma protege un recurso escaso en la provincia mediterránea como el agua, prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares como el uranio y torio.

“Lo que está sucediendo en este momento es que la Cámara de Mineros y los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la quieren declarar inconstitucional”, explica Rosario Pezza, miembro de Conciencia Solidaria. Ver Video

Si bien la ley no recae ni afecta otras actividades de la industria minera que se desarrollan en Córdoba, como canteras, cuarzo y áridos, la Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) la apelaron el 4 de mayo de 2009. Un año después el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse. La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el STJ, la suspensión de la ley. Pero el máximo tribunal denegó ese pedido.

Conciencia Solidaria junto a Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) se han presentado “como querellantes de la causa bajo la figura de amicus curiae para que esta ley continúe vigente. En este momento está vigente pero la está analizando el Tribunal Superior de Justicia”, destacó Rosario Pezza. (firmá por la vigencia de la ley)

Los empresarios mineros reconocen que la actual ley no afecta a la industria local pero argumentan que es “inconstitucional” y violatoria de la Constitución Nacional y el Código de Minería.

Las asambleas cordobesas y las organizaciones que defienden el medioambiente adelantaron que defenderán la vigencia de la ley.

 

Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio, como es la mina de Los Gigantes, que funcionó hasta 1989 cuando fue denunciada por contaminar el río San Antonio y dejar cuatro millones de toneladas de residuos de uranio.

“Hay un proyecto que tiene la CNEA, que se llama Pramu (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio) que teóricamente es de remediación de las minas de uranio. La mina de Los Gigantes está dentro de este proyecto,  pero es como una pantalla porque nunca fue llevado a cabo, están los piletones ahí”, describe Pezza.

En Córdoba también acumula denuncias Dioxitek (productora de dióxido de uranio para las centrales de Atucha y Embalse I), que mantiene un depósito de residuos radioactivos en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital, “dicen que hay enterradas 57 mil toneladas de residuos tóxicos. En Córdoba a nivel ambiental hay mucho por hacer, nosotros lo damos a conocer para que las autoridades tomen cartas en el asunto”.   

En la Argentina Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba prohíben aspectos de la minería metalífera a cielo abierto. La Rioja también había prohibido la actividad en julio de 2007, cuando el entonces vicegobernador Luis Beder Herrera se transformó en férreo opositor del entonces gobernador Angel Mazza. Logró la destitución de su ex socio político y asumió el Ejecutivo provincial. En agosto de 2008, el propio Beder Herrera derogó la ley que prohibía la minería y permitió el avance de la empresa Barrick Gold.

Mendoza, Chubut y ahora Córdoba son provincias que están en riesgo ya que las leyes protectoras del ambiente están siendo “cuestionadas” por empresarios y gobernadores que impulsan la actividad.